| QUOTE (AStiller0 @ October 14, 2009 03:58 pm) |
| Sesque lo más lamentable de éste desmadre es que el pinche peje tiene los reflectores otra vez...una verdadera tragedia. No maaaaaaaaaaaaaaaa.... |
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| EL SHOW DE JUANITO YA NO LE DABA MENCIONES EN NINGUN MEDIO, Y ENCONTRO AHORA ESTE NUEVO BORLOTE PARA PODER SEGUIR SIENDO NOMBRADO EN TV, RADIO, PRENSA E INTERNET.... NO SI BRUTO BRUTO NO ES ESE ANIMAL.... |
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| A diferencia de los anteriores zócalos (electorales), el de ayer fue desbordado por una amalgama de movimientos e intereses sociales de diferente origen y destino, cuyos reclamos, textura y ánimos deberían generar replanteamiento de estrategias bélicas al gobierno federal golpista, cuya renuncia fue exigida ayer con insistencia nada acomedida. La valoración y dimensionamiento de la marcha de ayer puede hacerse sin caer en la tentación inducida de anexarla a las pretensiones o la fuerza personal de López Obrador, quien de manera calculada evitó llegar al templete, oficialmente atorado” en la extrema retaguardia, deseoso en realidad de ceder el escenario a los trabajadores en lucha. |
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| Cuestión de checar las declaraciones de ayer de Marcelo, quien jamás critica que se haya liquidado la empresa, sino la forma cómo se hizo. Lo único que pide es que los derechos de los trabajadores sean respetados… pero de dar marcha atrás a la medida, nada. |
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| Hoy en día el tema está en la Cámara de Diputados ; vamos a ver qué resuelven allá y en función de eso lo valoraremos, también de qué resulta en la mesa de diálogo si se instala o no se instala, avanza o no avanza,” dijo Ebrard respecto a la controversia., quien además declaró que el problema de LyFC no se puede resolver con la liquidación. |
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| Ciudad de México.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens Carstens, estimó que serán recontratadas 10 mil de las 44 mil personas que laboraban en Luz y Fuerza del Centro, y dejó abierta la posibilidad de que se establezca una nueva empresa paraestatal |
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| Por ejemplo, necesitamos que la SCJN nos diga si es válido utilizar primero la fuerza pública en apoyo a un decreto y luego publicar dicho documento. La ocupación policiaca y militar de las instalaciones del LFC se dio con tres horas de antelación a la publicación del decreto de extinción. Se necesita que la Suprema Corte nos diga si es posible que una empresa del Estado mexicano, creada por un mandato del Congreso, puede a su vez ser desaparecida por una decisión unilateral del Ejecutivo, sin consultar ni tomar en cuenta al Legislativo. Es decir, si el Ejecutivo es mandatario en esta materia o es un mandante autónomo e independiente de la representación legislativa nacional. Necesitamos que la SCJN nos ilustre desde cuándo el titular del Ejecutivo federal tiene facultades, atribuciones y competencias para legislar, mediante un decreto administrativo, lo concerniente a la generación de energía eléctrica. De acuerdo con el artículo 73, fracción X, de la Constitución es facultad exclusiva del Congreso “legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El artículo 5 de la Constitución señala que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”. ¿Dónde está la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para dar por terminada la relación laboral entre LFC y el SME, por su manifiesta incosteabilidad económica, tal como lo mandatan la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (artículo 435, fracción III)? Necesitamos que la Corte nos diga si el echar a la calle a 45 mil trabajadores y empleados mediante el uso de la fuerza pública no contraviene el precepto constitucional quinto, el cual señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. Y así podríamos seguir enlistando las violaciones a la Constitución por parte de un decreto cuyo objetivo es la extinción de un sindicato políticamente incómodo y no, de manera central, la mejoría en la prestación de un servicio público estratégico. |