Por casualidades del destino tengo un mes viviendo en Chihuahua y sí es un clima demasiado violento el que se vive en el estado.
Cada día hay mínimo un ejecutado aquí en la ciudad de Chihuahua y otro en Ciudad Juárez, a plena luz del día y sobre avenidas con gran tránsito vehicular hay cotidianas balaceras siempre entre bandas rivales de sepalachingada qué cárteles, ya es un desastre. Ayer, desafortunadamente le tocó a un padre de familia, junto con sus dos hijas, quedar enmedio de una balacera y perecieron él y una de las niñas: la otra está grave. (
http://www.eldiariodechihuahua.com.mx/nota...0la%20Redacción)
La semana pasada salí a pasear al centro y se me ocurrió meterme al palacio de gobierno a tomar algunas fotos de los murales que hay ahí. En cinco minutos estaba encañonado por los gorilas del góber y me pidieron credenciales y cuantamadre que me identificara, después de hacerlo me largué de ahí inmediatamente. Me resultó muy incómodo, nunca -que yo supiera- me habían apuntando con un arma. Con el crimen no he tenido ningún altercado, quizá porque no he estado en el lugar incorrecto en el momento incorrecto como ése desafortunado padre de familia y su hija.
Se siente una psicosis en el estado por la delincuencia, esa gente de Lebaron se armó y peleó su derecho a vivir con tranquilidad, el resultado fue el asesinato de su líder por haber tenido la osadía de defenderse. Por eso me parece que el caso Lebaron a causado tanto revuelo, ya que es el caso emblemático de una sociedad civil que ha optado por las armas ante la inoperancia del gobierno.
El Estado fallido en su máxima expresión.
| QUOTE (el_lobo31 @ September 18, 2009 12:15 pm) |
| QUOTE | | salvar a Juarez es el estado de sitio y la ley marcial, por doloroso que sea, |
??? o sea que se ataca la enfermedad, sin tratar las causas????? mejor un tequilita porque es viernes. |
Si especifique que "hay dias" en que lo pienso, logico, lo ideal seria atacar las causas, precisamente porque conozco bien Cd. Juarez es que lo digo, las causas son tan añejas como la ciudad.
La situacion geografica especialmente, Cd. Juarez no es ni Mexico ni Estados Unidos, siempre ha sido tierra de nadie, y los grandes capitales Juarenses se han forjado a base del contrabando, hacia un lado y el otro, desde lo tiempos de la "prohibicion" el fenomeno del contrabando y la ilegalidad se han metido en la piel de los juarenses casi desde el nacimiento.
Si alguien se dedica al contrabando de lo que sea y logra juntar una fortuna automaticamente se convierte en "respetable", por desgracia la gente de la ciudad lo mira asi, sin considerar los medios empleados.
Los nombres cambian, los metodos son los mismos, y el problema de raiz seria acabar con el mercado de la droga, y el mercado de los cigarros ilegales, y los coches ilegales y los electrodomesticos ilegales y todo lo demas que se contrabandea (hacia un lado y el otro) y que forma parte del modo de vida de los juarenses.
Como hacer esto? Facilitando el comercio y evitando tantisimas restricciones que aun en el comercio legal previenen a cualquiera de hacer negocios facilmente.
Eso solo para empezar, luego lo mas dificil, educar a todos los recien llegados. . .
(la respuesta era para El Aguila Real es por que el vive en Juarez, pero no es juarense (yo tampoco))
Queda a deber’ el Operativo Conjunto
19 Septiembre 2009
Actualizado: 11:41 PM hora de Cd. Juárez
Sandra Rodríguez Nieto
El Diario
En un año y medio de vigencia, la Operación Conjunta Chihuahua enmarcó un baño de sangre todavía impune mientras que sus resultados contra el crimen organizado, para todos los sectores, son insuficientes ante el terror que se vive en Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos documentados por El Diario, entre el 1 de abril de 2008 y el 15 septiembre de 2009, la Operación Conjunta detuvo a dos presuntos líderes del Cártel de Juárez –Pedro Sánchez y José Rodolfo Escajeda–, pero en la batalla también fueron asesinadas tres mil 52 personas, entre las que, según la Procuraduría General de Justicia en el Estado, habría más de 240 víctimas (un 8 por ciento) inocentes.
Y si bien las autoridades han asegurado que la gran mayoría de los asesinados son delincuentes y que sus homicidios obedecen a la lucha entre los cárteles, lo cierto es que de acuerdo con estadísticas de la PGJE, de los más de tres mil casos registrados durante la Operación Conjunta, sólo 76 han sido llevados ante los tribunales.
Esto significa que, aun cuando insisten en “criminalizar” a las víctimas, el Ministerio Público del Estado ha encontrado elementos para conocer las circunstancias del crimen y a los probables responsables en sólo un 2.5 por ciento de los miles de casos.
En este contexto de impunidad, la Operación Conjunta también lanzó el pasado mes una campaña mediática con la presentación de 11 presuntos multihomicidas con cuyas detenciones, ha asegurado, quedaron “resueltos” más de 240 homicidios.
Incluso, la procuradora de Justicia Patricia González afirmó en días pasados que con las detenciones de los presuntos sicarios pertenecientes al grupo de “La Línea” la fiscalía a su cargo esclarecerá por lo menos 800 asesinatos.
La realidad, sin embargo, es que el Ministerio Público estatal, que tomó las confesiones a los detenidos por los militares, ha encontrado elementos para procesar a los presuntos por sólo tres asesinatos, y uno de ellos en grado de tentativa.
Otras estadísticas oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, enviadas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, también indican que, hasta el pasado 6 de junio, la Operación Conjunta había logrado asegurar en todo el estado 110 toneladas de mariguana, 47 kilos de cocaína, dos mil 208 armas, 1.9 millones de pesos, más de 278 mil dólares y a mil 748 personas.
Pero de acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el primer año de la Operación Conjunta, casi la mitad de los detenidos (un 48 por ciento) salió libre debido, según los abogados, a la insuficiencia de agentes del Ministerio Público Federal y, sobre todo, a los errores en los reportes de detención por parte de los militares.
Y todo esto, en medio de un clima de terror ciudadano por el aumento de la delincuencia y la disminución en el castigo –en 2008 se denunciaron 41 mil delitos y sólo 250 personas fueron a la cárcel–, y por la incidencia de ilícitos antes no vistos en Juárez, como los secuestros –que pasaron de 38 a 123 casos en un año–, las extorsiones y las masacres cada vez más sangrientas en lugares públicos.
El entorno que vive Ciudad Juárez bajo la Operación Conjunta también incluye una recurrente violación de las garantías individuales, por lo cual, hasta el pasado 10 de septiembre, se habían presentado mil 167 denuncias ante el módulo de quejas instalado por el Municipio y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Entre estas denuncias, de acuerdo con el visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson, se encuentran reportes de allanamiento, de privación ilegal de la libertad e incluso de homicidio, delito este último por el cual, según la PGJE, el propio Ejército ha iniciado ocho investigaciones entre sus filas, además de otras 162 por diversos abusos.
EL DESENCANTO
La Operación Conjunta Chihuahua fue lanzada el pasado 27 de marzo por el extinto secretario federal de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en medio de un recrudecimiento de la violencia hasta entonces sin precedentes en esta frontera.
En el evento, en el que participaron el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz, Mouriño anunció que el objetivo de la nueva estrategia federal era “fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales” y, finalmente, “demostrar que ningún grupo criminal será capaz de resistir la fuerza del Estado mexicano”.
A partir de entonces, el patrullaje militar que había iniciado en enero con los 500 elementos asignados a la guarnición de la plaza, se reforzó con otros dos mil soldados; con el paso de los meses y ante lo imparable de la violencia, llegaron a sumar más de nueve mil 300 elementos, incluyendo dos mil 300 policías federales.
El anuncio de la operación, en un inicio, fue recibido con esperanzas por parte de una comunidad que no sólo había expresado a través de encuestas que el Ejército era la institución de su mayor confianza, sino que incluso acudió al aeropuerto para atestiguar el arribo de las tropas.
“Esto es una cosa impresionante, nunca se había visto algo así en Juárez; como que vienen decididos. La situación aquí ya está muy crítica y no se puede ni salir a la calle; es un descaro que hubiera 9 ó 10 muertos en un día. Entonces, siento satisfacción y tranquilidad”, comentó entonces Fernando Dena, un ingeniero civil de 45 años que, como varios otros fronterizos, el 29 de marzo de 2008 se detuvo en la carretera Panamericana para tomar fotos de los soldados con su teléfono celular.
La expectativa generada, sin embargo, sucumbió rápidamente ante la nula eficacia de la Operación ante el crimen organizado y, para junio de 2008, una encuesta publicada por El Diario arrojó que dos de cada tres residentes de esta frontera consideraban que la Operación Conjunta estaba dando pocos o ningún resultado.
Y es que los homicidios, si bien disminuyeron de 117 a 55 en el primer mes de la Operación, para el mayo siguiente repuntaron de nuevo y llegaron a 136 casos. Y así siguieron, al grado de que ese 2008 hubo meses, como agosto y diciembre, con más de 200 casos.
Pese a que en diversas ocasiones se han anunciado reforzamientos de la Operación y la llegada de más efectivos, éstos nada han podido hacer para impedir la feroz matanza que, en lo que va de este año, rebasó ya el sangriento récord de mil 623 casos de 2008 y, hasta el 15 de septiembre pasado, según el conteo de El Diario, sumaba ya mil 641 asesinatos.
Particularmente violentos han sido los últimos tres meses, con 221 homicidios en junio, con 245 en julio y con 315 en el pasado agosto; es decir, con un promedio de 10 asesinatos diarios, o uno cada dos horas y media.
Por estos datos, que arrojan una tasa de 159 homicidios por cada 100 mil habitantes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México calificó a Juárez como la ciudad más violenta del mundo.
En la realidad, estas cifras denotan una cotidianidad trastocada por innumerables balaceras en la vía pública o en lugares concurridos, como restaurantes o centros nocturnos; en la aparición de cadáveres tirados por todos los rumbos de la ciudad; y en el reporte de masacres nunca antes vistas en ésta de por sí violenta frontera, como las registradas en los centros de rehabilitación atacados por hombres armados.
Y todo, ante la presencia de miles de efectivos militares y federales que instalan retenes, patrullan las calles e incluso frecuentemente sobrevuelan la ciudad en helicópteros artillados.
Por este panorama, desde hace meses, diversos sectores han advertido que la Operación Conjunta Chihuahua es insuficiente, cuando no un rotundo fracaso, porque no sólo ha exacerbado la delincuencia de la ciudad, sino que no ha dado muestras de estar desarticulando a las bandas del crimen organizado que se disputan el control del tráfico de drogas en esta frontera.
Así lo expusieron, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil locales agrupadas en la Campaña de Solidaridad Permanente con Juárez, surgida ante la militarización de la ciudad.
“Los datos de violencia arrojados el año pasado y lo que va de este año son por todas y todos conocidos: a la gran mayoría nos ha tocado estar cerca de un asesinato consumado, pasar por el lugar antes o después de un homicidio, ver un cuerpo sin vida, pasar por un sitio acordonado, escuchar las ráfagas de fuego”, dijeron las organizaciones en un posicionamiento lanzado el 1 de septiembre pasado, en un foro sobre derechos humanos realizado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“Con el peso del miedo, del temor, la angustia y la desconfianza en que se ha convertido la vida en Ciudad Juárez, en donde todo habitante, permanente o de paso, ha sido víctima en forma personal, familiar o social de la violencia del asesinato, la extorsión, el robo o el secuestro, reconocemos la necesidad de hacer asimismo permanente la convocatoria a todos los actores sociales de la ciudad a la tarea de sumar y unir el anhelo de paz y respeto a los derechos humanos frente al actual clima extraordinario que atraviesa nuestra ciudad, ahora considerada la más violenta de la faz de la tierra y equiparada a las naciones que se encuentran en situación de guerra”, agregó en el foro Elizabeth Flores, directora de la Pastoral Obrera.
En entrevista, Flores agregó esta semana que la sola persecución de los presuntos narcotraficantes por parte de la Operación Conjunta ha dejado de lado el combate a las estructuras financieras de los cárteles, las cuales posibilitan el sustituir a cada detenido o a cada asesinado con otra persona lista para convertirse en delincuente.
“Falta un programa completo, integral, para detectar este manejo del narcotráfico, porque la persecución de personas, ¿qué nos dice: que un día van a matar a todas las personas relacionadas con el narcotráfico? ¿Es esa la solución? ¿Que se maten todos?”, cuestionó Flores.
“Sabemos que eso es absurdo, sobre todo en los análisis que se han hecho, que con esta crisis, la gente si no es justificable que entre al tráfico de drogas, sí es entendible cuando no encuentra un trabajo en meses y meses. Entonces, el hecho de capturarlos a todos, o que se maten todos, eso es posible, y aun y que alguien lo pensara, ¿es ese el tipo de justicia que buscamos?, creo que no”, insistió la activista.
Que la Operación Conjunta no ha sido suficiente para detener la ola delictiva es una opinión incluso entre el sector empresarial, el único de toda la ciudad que, a diferencia del resto de la sociedad civil, ha sido incluido en las reuniones de evaluación de dicha estrategia.
“Todavía queda mucho por hacer para ver la reducción de crímenes que tanto esperábamos”, dijo Daniel Murguía, presidente de la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio.
“Nuestros agremiados se sienten en la misma todavía; Juárez vive en el miedo, tenemos que reforzar el trabajo contra el secuestro y contra las extorsiones, el robo de autos, protección a la ciudadanía en todos los niveles”, agregó el representante empresarial.
OPERACIóN ILEGAL Y OMISA
Además de la falta de resultados, diversos análisis también han insistido en otros problemas de fondo que presenta la Operación Conjunta, como la violación constitucional que implica, debido a que no cumplió con el procedimiento exigido por la Carta Magna para sacar a los militares a las calles.
También, porque ha dejado de lado la prevención y el combate a las adicciones, y porque no existe análisis alguno sobre el impacto social que tiene tal presencia armada entre los residentes de esta frontera.
Sobre la inconstitucionalidad, en repetidas ocasiones, expertos, abogados y académicos han insistido en que el patrullaje violenta el artículo 129 de la Constitución, el cual establece que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y que obliga a los soldados a permanecer sólo en las instalaciones militares.
“El Artículo 29 de la Constitución permitiría que el Ejército patrullara las calles (mediante un procedimiento legislativo), pero como no se aplicó, el patrullaje viola el Artículo 129, que establece que, en tiempos de paz, el Ejército debe estar en los cuarteles”, ha explicado en diversas ocasiones el académico Hernán Ortiz, también presidente de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública.
Por separado, el sociólogo y también catedrático de la UACJ, Hugo Almada, ha advertido que la convivencia cotidiana de los ciudadanos con el Ejército puede generar varios impactos sociales, de los cuales el más grave es que en Juárez se agudice la percepción de que la fuerza y la violencia son las únicas vías para resolver los conflictos.
“Estamos en un escenario en el que permea la idea de que lo normal es el uso de la fuerza, y que la fuerza es el único recurso para resolver los conflictos, que venga alguien más fuerte y que actúe de la misma manera. Esto es muy costoso para nuestro Estado de Derecho”, explicó Almada Mireles, coordinador de la maestría en Educación para la Paz de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Otro problema de fondo al que apunta Almada es que la Operación ignora la mitad del problema del narcotráfico: el consumo de drogas, cuya atención no sólo no se ha reforzado, sino que incluso se ha reducido drásticamente con los ataques a los centros de rehabilitación.
“No se está viendo la mitad del conflicto, que implica a los jóvenes adictos, sus necesidades de sobrevivencia; al no ver esto, se está actuando por la vía de la imposición, y el asunto es que esta imposición se ha llevado a términos de la vía armada, con un altísimo costo para la ciudadadanía”, explicó.
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